Los 17 trabajadores de confianza del ayuntamiento de Tecomán que fueron señalados como sancionados por el OSAFIG en la página web de ese organismo, presentaron denuncia formal ante la comisión estatal de derechos humanos, ya que consideraron que exponer sus nombres sin atravesar un proceso de sentencia, vulnera la imagen de su trabajo ante familia, amigos y familiares, generando descrédito sin haberse defendido antes.
Los trabajadores se presentaron en las oficinas de la CEDH en donde fueron atendidos por su titular Hermilo Flores Arias, a quien le externaron que de acuerdo al informe que apareció en el portal de la OSAFIG, se exponen nombres, apellidos y sanciones aún cuando no ha iniciado un procedimiento ante la comisión de responsabilidades del Congreso del Estado.
La queja, explicó el secretario de la comuna tecomense Salvador Ochoa Romero, se presentó en contra del titular de la Osafig así como del diputado presidente de la comisión de hacienda en el Congreso del Estado el también tecomense, Santiago Chávez Chávez.
El diputado habló de deshonestidad y mal manejo de recursos públicos, los está juzgando como culpables y es un hecho grave porque existe en la Constitución, tratados y leyes una presunción de inocencia que todos los ciudadanos pueden ver cuando en los medios cuando se detiene a una persona, se le cubre la cara, así que es claro que no se puede considerar culpable hasta que se concluya con una sentencia”
Enfatizó que los 17 trabajadores sin haber sido oídos y vencidos en juicio, “se les está señalando como culpables al grado de que sus familiares amigos y vecinos les han estado preguntando sobre esas afirmaciones, señalándolos de manejo desordenado de recursos, porque ya se está yendo más allá de las facultades que da la ley, se les culpa públicamente”.
Mencionó que aun cuando la OSAFIG manifieste un ejercicio de transparencia y argumente que existe ley que los obliga, también es muy claro que esa ley no los obliga a poner nombres y apellidos de las personas.
Lo que hace grave la situación de tal manera, que al dar a conocer sus nombres se da por hecho la sanción”.
Comparó la situación con los listados de morosos que se tienen en conceptos de predial en los ayuntamientos.
“El municipio abre un proceso administrativo, pero nunca se dan a conocer los nombres, porque estaríamos vulnerando a terceros”.
En ese sentido, también anunció que los 17 inconformes piensan presentar demanda civil tanto al titular de OSAFIG Carlos Armando Zamora González como en contra del diputado Santiago Chávez por reparación moral del daño.
Ochoa Romero puntualizó que se pide a la comisión, haga la recomendación a esos dos servidores públicos, para no sacar a la luz pública señalamientos que no tengan sustento de resolución “porque de lo contrario se promueve ese tipo de daño, no nos dejaron ni ofrecer pruebas ni demostrar inocencia”.
Por su parte, Flores Arias, destacó que recibió la queja de acuerdo a lo que marca el procedimiento, el paso siguiente es el análisis de los hechos para proceder a la integración del expediente, “una vez que se tenga admitido se giran oficios a la autoridades señaladas como responsables, quienes tendrán un plazo de 8 días sobre los hechos señalados, una vez rendidos los informe se le da vista a la parte quejosa, los analicen y tengan oportunidad de argumentar dónde no están de acuerdo y ofrecer las pruebas que sustenten los dichos que están planteando”.
El ombudsman declaró que se tendrá que proceder al análisis final y de encontrar que el acto denunciado es una genuina violación a sus derechos, se deben emitir las recomendaciones, “de no ser así, se emiten documentos de no responsabilidad, salvo que las partes lleguen a un acuerdo conciliatorio y no llegar a una determinación final”.
Por el momento, solamente se recibió la queja, “necesitamos analizar los documentos para ver quiénes son los funcionarios que son señalados y solicitar un informe, que no sería propiamente un citatorio”.
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